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Riesgo de multas por deterioro del medio ambiente del país.

Guatemala se encuentra entre los países de la región que buscan no ser sancionados internacionalmente por incumplir la mayoría de normas ambientales.

El país, como signatario de acuerdos internacionales y después de haber firmado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se comprometió a respetar las leyes ambientales; sin embargo, las mismas autoridades admiten que no todas se atienden.

Alejandra Sobenes, asesora del Ministerio de Ambiente, refirió que en el país hay tres mil 800 cuerpos normativos relacionados con la protección ambiental, entre leyes, acuerdos gubernativos y ministeriales y decretos; algunos de éstos, vigentes desde 1930.

Explicó que el país ha ratificado más de 200 tratados internacionales, entre ellos, los convenios de Biodiversidad Biológica, Cambio Climático y Combate de la Desertificación y la Sequía. “No cumplir las leyes ambientales puede traer penalización al país; por ejemplo, el incumplimiento de la normativa ambiental establecida en el TLC implicaría para el Estado de Guatemala una multa de hasta US$15 millones”, afirmó.

La funcionaria participó ayer, junto a delegados centroamericanos, en una reunión para tratar aspectos de cumplimiento ambiental regional, organizada por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Sistema de la Integración Centroamericana y el Ministerio de Ambiente.

A la actividad asistió Rubén Higueros, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que ese organismo trabaja en instruir a los jueces respecto de la problemática ecológica, para combatir la impunidad ambiental.

Abogados que participaron en negociaciones del TLC explicaron que empresas estadounidenses pueden denunciar a guatemaltecas que no atiendan regulaciones ambientales, y que el Departamento de Comercio de EE. UU. puede conocer esas quejas, y de éste depende si se demanda al Estado guatemalteco.

Al ser consultado Juventino Gálvez, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente, de la Universidad Rafael Landívar, expuso que, a juzgar por el grado de deterioro de los recursos naturales, las políticas y la institucionalidad no están funcionando de manera adecuada.

Agregó que, además del incumplimiento de las normas ambientales, hay vacíos legales, como la falta de regulación del agua, del uso de suelo, emisiones vehiculares y la disposición de residuos líquidos y sólidos.

Gálvez criticó el modelo de desarrollo, impuesto desde hace varios años, el cual tiene la visión de un bienestar social basado en el crecimiento económico, pero ignora la conservación de los recursos naturales.

Consideró que si el país ya estaba mal por su incapacidad de revertir la deforestación, ahora se suman otros males como el cambio climático, inundaciones y sequías.

Sobrerregulado

Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal Ambiental, aseguró que el país está sobrerregulado, y algunas normas no se pueden aplicar, como la creación del Comité de Vigilancia de la Reserva de la Biosfera Maya, que nunca se reúne, o el Comité del Parque Laguna del Tigre, que no recibe ninguna asignación presupuestaria.

“El incumplimiento se ve en aspectos como la Ley de Caza, emitida en el 2004, y hasta la fecha no se ha procesado a nadie por delitos contra esa orden”, subrayó. Melini enfatizó en que la legislación no tiene un buen diseño, como ocurrió al crear la Autoridad del Volcán Suchitán, la cual se le otorgó al Ministerio de Agricultura y se dejó fuera al Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Lo mismo ocurrió al instalar la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, que regula las áreas a orillas de ríos, lagos y mares, pero deja fuera al Conap y a la Universidad de San Carlos; en consecuencia, hay usurpación en el biotopo Chocón Machacas, Izabal.

Sobenes dijo que la Comisión Centroamericana trabaja para establecer indicadores ambientales y determinar en qué grado los países cumplen o incumplen las normas ambientales.

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